La crisis desatada en el país tras el intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo ha cobrado la vida de 7 peruanos, 2 de ellos menores de edad, hasta el momento de escribir estas líneas. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, está mostrando ser incapaz de interpretar las demandas ciudadanas, y por el contrario, ha recurrido a la represión y el establecimiento de Estados de Emergencia, los que solo han agravado la situación.
Esta crisis, que venía incubándose desde las últimas elecciones presidenciales, evidencia la desconexión de la clase política que tenemos en el país así como el agotamiento de la institucionalidad actual. Los distintos actores políticos, en el ejecutivo y legislativo, parecen más preocupados en como beneficiarse del caos, antes que poner en primer lugar la vida de sus compatriotas y buscar una salida política consensuada.
«Ni un muerto más» debería ser el primer compromiso del gobierno. Los ciudadanos y ciudadanos tienen el derecho de manifestarse pidiendo un adelanto de elecciones, lo que podría permitir la formación de un nuevo ejecutivo y legislativo con la legitimidad social que los actuales carecen.
Hoy más que nunca necesitamos que los diferentes sectores de la sociedad se hagan responsables y reflexionen sobre su accionar. Desde la clase política, pasando por los gremios empresariales y medios de comunicación. Todos han contribuido a la polarización del país, promoviendo el ninguneo y el abuso de los trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, y ciudadanos en general. No es la primera vez que un peruano pierde la vida por manifestarse en contra de las injusticias en este país, y en muchas ocasiones hemos tenido a líderes empresariales y políticos celebrando y justificando los abusos policiales.
La fractura social que sufre nuestro país no puede seguir incrementándose. La responsabilidad de esto está en cada uno de nosotros y nosotras. Es momento de dar un paso atrás e iniciar un diálogo hacia un nuevo pacto social que integre y represente a todos los ciudadanos del país.