En mayo de este año reportábamos que el Perú había sido suspendido de la Iniciativa Mundial de Transparencia en Industrias Extractivas (EITI) como resultado de la falta de entrega de los informes correspondientes a los años 2019-2020. La iniciativa es importante ya que permite hacer públicos cifras claves sobre las actividades de este sector entre las que se incluyen los pagos por canon y regalías que las empresas realizan, e información sobre pagos y gastos sociales y ambientales.
A pesar de que se consiguió una prórroga para presentar el informe hasta fines de este año, todo indica que una combinación de los constantes cambios ministeriales, desinterés y desidia, llevarían a la suspensión definitiva de nuestro país. Serían 8 de 46 las empresas que aún no han cumplido con entregar información requerida, incluyendo empresas mineras y de hidrocarburos. El gobierno tampoco ha mostrado interés en recolectar la información. En relación a los pagos tributarios, la información ya la tiene el gobierno, pero no parece haber interés en incluirla en el reporte.
Los grandes beneficiados son las empresas extractivas. Sin información clara sobre sus actividades, es difícil tener una fiscalización adecuada, tanto desde los entes reguladores como desde la sociedad civil. Las actividades extractivas, tanto en la minería como los hidrocarburos, son las que más conflictividad ocasionan en el país. Constantemente reportamos noticias de conflictos sociales, por falta de compensaciones sociales a los pueblos afectados por la extracción de minerales, o por derrames de petróleo que destruyen los ecosistemas de los que dependen miles de personas. Sin una clara transparencia, estas empresas podrán seguir actuando como si nada pasara.
El actual gobierno prometió a sus electores un cambio en estas políticas. Sin embargo, en las acciones no se ven cambios reales, sino por el contrario, un continuo desinterés. Los constantes cambios de ministerios son clara evidencia de que no existe una voluntad de generar una continuidad en el aparato público que permita gestionar y regular estas actividades en el mediano plazo. Pero tampoco se aprecia una reflexión sobre los impactos de las actividades extractivas. Más bien, por el contrario, este gobierno ha buscado reactivar la exploración y explotación de petróleo en la Amazonía, a pesar de que el nefasto record de esta actividad, producto de los constantes derrames de petróleo.