Uno de los grandes problemas irresueltos en nuestro país es la deforestación. La destrucción de nuestros bosques no solo es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, sino también, causa de la destrucción de ecosistemas del que dependen su sustento miles de personas, especialmente los pueblos indígenas amazónicos. A pesar de esto, los intereses económicos siguen avanzando sin control.
Esta semana, las y los líderes de varias organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) presentaron una denuncia contra la compañía holandesa Louis Dreyfus Company B.V. ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de las Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata del primer caso que aborda el incumplimiento de las Directrices de la OCDE por parte de una compañía líder en el comercio de aceite de palma ante el PNC holandés. El proveedor de aceite de palma de Louis Dreyfus Company B.V.—el Grupo Ocho Sur—opera en tierras de la Amazonía peruana que fueron apropiadas ilegalmente y que forman parte del territorio ancestral de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya y del pueblo Shipibo-Konibo.
La denuncia presentada alega tres puntos contra la compañía:
- No se condujo con la debida diligencia necesaria para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos causados por su relación comercial con el Grupo Ocho Sur en Perú
- Contribuyó al impacto negativo sobre el medio ambiente y los derechos humanos causado por el Grupo Ocho Sur en Perú.
- Infringió las normas de la OCDE sobre divulgación, comunicación y consulta con actores relevantes, debido a las afirmaciones engañosas en el sitio web de Louis Dreyfus Company B.V. y en otras publicaciones oficiales, relacionadas con la sostenibilidad del aceite de palma, sus credenciales “verdes” y la compatibilidad de sus operaciones con los derechos humanos y el medio ambiente.
La demanda planteada por las organizaciones nativa citadas cuenta con el apoyo de una coalición de ONGs peruanas e internacionales de gran experiencia en temas de deforestación ilegal y cambio climático, derechos de los pueblos indígenas y responsabilidad empresarial: Forest Peoples Programme, Instituto de Defensa Legal, Instituto de Estudios Forestales y Ambientales — Kené, Agencia de Investigación Ambiental (EIA — Environmental Investigation Agency), y Center for Climate Crime Analysis.
Por parte, en Madre de Dios, la Contraloría General de la República identificó responsabilidad penal en dos funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad) por aprobar permisos para tala de árboles en la provincia de Tahuamanu. Ellos se basaron, según datos recabados, en informes que no contaban con sustento técnico ni documentación exigida por la normativa, reportó radio Madre de Dios.
La investigación que comprendió los años 2020 y 2021 evidenció que el encargado del área de Predios Privados y Comunidades Nativas de la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre de Tahuamanu, organismo del Goremad, aprobó dos declaraciones de manejo para el «aprovechamiento de productos forestales maderables en predios privados» (tala de árboles). Esto conllevó a la movilización injustificada de 5922 m³ de madera rolliza de especies forestales de zonas no autorizadas del sector de Nuevo Pacarán.
Entre otras cosas, el informe también reveló que no se verificó que el volumen de árboles aprovechable (especies de árboles que se pueden talar) declarado por los concesionarios privados excedía el límite permisible por la normativa vigente de 6.5 m³ por hectárea, informó radio Madre de Dios.
Fuente: Inforegión