El tráfico ilegal de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo, luego del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, de acuerdo con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), por eso, desde el Congreso se aprobó con amplía mayoría la ley 31622, para dotar de herramientas a la Fiscalía para investigar estos delitos.
Sin embargo, a la fecha existen dos proyectos de ley para modificarla y uno para derogarla, que tiene el aval del Ministerio de la Producción (Produce).
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron esta semana en respaldo de la Ley 31622. Según datos del pronunciamiento de las organizaciones civiles, 324 zonas de extracción de fauna silvestre han sido identificadas en el Perú y entre el 2000 y 2018 se han decomisado casi 80 mil animales silvestres en cautiverio. En el ámbito marino, en el 2020, se decomisaron 117 kilos de caballitos de mar y más de 30 toneladas de partes de tiburones (carne y aletas). Además, de acuerdo a las organizaciones ambientales que suscriben el texto, “la ley 31622 servirá para atacar con mayor eficacia delitos que hoy en día afectan la economía de los pescadores peruanos como, por ejemplo: la construcción ilegal de nuevas embarcaciones, el tráfico de permisos de pesca falsos, las incursiones de barcos extranjeros que pescan en nuestro mar e incluso atacan a los pescadores peruanos, y el desvío de anchoveta de consumo humano directo hacia plantas ilegales de harina de pescado”.
Detrás de las presiones estarían los intereses de la pesca ilegal que se considera que mueve aproximadamente 100 ml toneladas de recursos hidrobiológicos al año. Desde la promulgación de la ley, se ha visto una campaña organizada a favor de su derogación. Uno de los argumentos apunta a señalar que la norma va a afectar a los pescadores artesanales y va a criminalizar su actividad. Sin embargo, esto no es exacto porque, como ha mencionado Juan Carlos Sueiro, director de Pesquería de Oceana, “no todas las actividades ilegales en el mar se cometen por la modalidad de crimen organizado” (La República). Es importante precisar que hay una serie de requisitos -que establece la ley de crimen organizado- que permiten diferenciar las actividades de pescadores artesanales de las mafias que operan depredando la flora y la fauna marina. El propio procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, ha señalado que la Ley 31622 no busca afectar la producción ni el trabajo que realizan los pescadores artesanales en el país. “Los pescadores deben estar tranquilos. Ellos realizan su trabajo con la autorización que le brindan las autoridades competentes” (Andina).
Fuente: La República, Actualidad Ambiental, CooperAcción