¿Quién le teme a la debida diligencia?

Hace unas semanas reportábamos que, durante la Semana sobre Empresas y Derechos Humanos se lanzó una campaña para recolectar un millón de firmas en favor de una Ley de Debida Diligencia en nuestro país. El objetivo de esta ley es conseguir un mecanismo que permita prevenir situaciones de violación de derechos humanos, sociales, ambientales, económicos y culturales por parte de las actividades empresariales. De aprobarse una ley así, las empresas deberán usar sus recursos para garantizar que las poblaciones que estén en el área de influencia de sus actividades, no se vean perjudicadas por las mismas. En nuestra perspectiva, si las empresas actuaran con la debida diligencia que se espera de ellas, muchos de los problemas que reportamos aquí semana a semana no tendrían lugar.

Sin embargo, parece que un sector con influencia en la opinión mediática pretende insinuar que la actuación de las empresas ha sido siempre correcta, y no se puede pretender exigirles nada. El analista político Iván Arenas, columnista en el portal «El Montonero» publicó un hilo en su cuenta de Twitter donde «denuncia» que la Unión Europea financia «propaganda contra la minería moderna en el Perú».

El «descubrimiento» de Arenas no es más que la publicación de unos Términos de Referencia emitidos por la cooperación internacional para el diseño de una campaña de comunicación en favor de la debida diligencia. No solo nada de lo «denunciado» no es ilegal, sino que es deseable para nuestro país. Según Arenas, se trata de una campaña contra la minería porque las empresas mineras modernas «cumplen con estos estándares». La cantidad de conflictos sociales y constantes reclamos lo desmienten. Pero con esta denuncia Arenas se coloca entre los que insinúan que la gente que se opone a la minería está «manipulada». No sorprende que uno de sus primeros respaldos haya sido Aldo Mariátegui.

Lo único que estas «denuncias» revelan es que existe un sector que está acostumbrado a hacer lo que quiere, a saltarse cualquier tipo de regulación, y que no le importa que terceros se vean afectados por sus acciones si eso implica ahorrarse algunos soles. A esa forma de hacer empresa le han llamado «promover las inversiones». Y les molesta que la sociedad responda y les exija ser más responsables. ¿Cuál es el temor? Nuestro país requiere de una Ley de Debida Diligencia y un nuevo modelo de desarrollo que realmente beneficie a todos y todas en el país.