El pasado 11 de noviembre, Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, que modifica la Ley 28736, norma creada para la protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (“Ley PIACI”) y el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867). Con ello, concedería a los gobiernos regionales la competencia del reconocimiento, mediante Ordenanza Regional, de la existencia de los PIACI; la categorización y extinción de reservas indígenas; y la conformación de una comisión revisora de las declaraciones de existencia de PIACI y reservas indígenas o territoriales ya reconocidas.
A pesar de encontrarnos frente a un tema de derechos humanos y frente al bienestar de un grupo de peruanos y peruanas, existen voces que se oponen a su protección. Desde abril de este año, un grupo de la sociedad civil loretana viene argumentando que la Ley PIACI transgrede la soberanía nacional, apropiándose de miles de hectáreas de territorio amazónico. Para ellos, lejos de ser una figura destinada a proteger el territorio de los PIACI, su vida y la biodiversidad que alberga, estos territorios son un impedimento a actividades extractivas y de otra índole.
El Proyecto de Ley 3518/2022-CR busca no solo que de ahora en adelante la decisión de protección de los PIACI (materializada a través de las reservas indígenas) recaiga en los gobiernos regionales (quienes actualmente no tienen ninguna competencia en la materia), sino que también busca dejar sin protección a pueblos cuya existencia ha sido probada a través de la eliminación de las reservas ya existentes.
La Defensoría del Pueblo se sumó a las instituciones públicas y privadas que advierten que la aprobación del proyecto de Ley 3518/2022-CR representaría un grave retroceso a la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (Piaci). En tal sentido, y en aras de cautelar el estado democrático de derecho, el órgano defensorial solicita a la Comisión de Descentralización no aprobar y archivar dicha iniciativa legal.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denuncia que “representa un grave atentado contra la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI) y generaría su genocidio”. Además, reitera que su aprobación conllevaría a que el Estado peruano incumpla obligaciones nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos de poblaciones en extrema condición de vulnerabilidad.
Fuente: SPDA, Servindi