La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) exige al Estado peruano implementar diversas acciones para proteger la vida de los defensores y defensoras ambientales de Loreto. Afirman que estos defensores “vienen siendo expuestos a peligros a causa de la desatención e indiferencia de las autoridades competentes”, y que su situación se vuelve “cada vez más preocupante”.
Por ello, al Ministerio del Interior y la Policía le piden aprobar los lineamientos de actuación que implementan las medidas de protección a favor de los defensores ambientales. Esto, conforme a lo previsto en la segunda disposición final transitoria del Decreto Supremo 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Asimismo, exigen precisamente que este mecanismo intersectorial se implemente de manera adecuada, “contando con los protocolos y lineamientos en los distintos sectores del Poder Ejecutivo”. Ello, a fin de que se garantice que las intervenciones, de cualquier índole, sean coordinadas con las organizaciones indígenas, respetando su autonomía territorial.
En esa línea, solicitan al Congreso asignar en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 los recursos necesarios para garantizar la implementación y ejecución de dicho mecanismo intersectorial. “No es posible que cuando los defensores ambientales soliciten, por ejemplo, la activación del procedimiento de alerta temprana a la PNP o autoridad competente, estos indiquen que no cuentan con los recursos para asistir”, manifiestan.
Finalmente, instan a las autoridades locales y regionales a realizar una labor responsable e integradora con las organizaciones indígenas de Loreto y no permitir que grupos con intereses particulares deslegitimen a la población indígena. El pedido de Orpio se da en el marco del proyecto Defensores Ambientales, que realiza en colaboración con Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el apoyo de la Unión Europea (UE).
Según Oxfam en Perú, el mecanismo intersectorial no esta cumpliendo su rol por diversas razones. La primera de ellas, que la Ley aún no se ha terminado de reglamentar, ni se han designado recursos específicos para su implementación. El mecanismo tampoco contempla los casos en los que es el mismo estado el que vulnera los derechos de los defensores ni tampoco, es vinculante con órganos estatales que no formen parte del Ejecutivo, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o Gobiernos Subnacionales.
Fuente: Servindi, Oxfam