Tanto el CADE Ejecutivos como la Semana sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrollaron en paralelo durante la semana. Mientras unos discutían sobre que mecanismos eran necesarios para proteger los derechos por los afectados por las actividades empresariales, los otros abogaban por tener un rol «más activo» para aportar con su «experiencia» al desarrollo del país.
Resulta así en un contraste interesante. Por el lado de los empresarios, parece que perciben que los problemas de nuestra nación están en los otros (el Estado y el gobierno actual principalmente), y que, como ellos están haciendo las cosas bien, pueden ir a «salvar el país». Esta mentalidad la hemos visto una y otra vez en los empresarios. Pero lo cierto es que todo el tiempo vemos como se vulneran contratos laborales, se niegan el ejercicio de derechos, se desconocen impactos ambientales, y se busca presionar la esfera política para acomodarla a sus intereses.
Desde las organizaciones que participaron en la Semana sobre Empresas y Derechos Humanos se ha lanzado una campaña para promover una Ley de Debida Diligencia que obligue a las empresas a tomar todos los cuidados necesarios para que sus actividades no causen daño ni en sus trabajadores, ni en las personas que habiten en las inmediaciones de sus áreas de influencia. Algo que de aprobarse, sería un cambio importante frente al desdén actual, donde la práctica común es la «externalización» de los pasivos.
Si los empresarios quieren tener verdaderamente un rol más activo en el desarrollo del país, deberían comenzar mirándose a si mismos y a sus empresas. La informalidad, el desempleo, el bajo poder adquisitivo, la contaminación ambiental, etc., son consecuencia directa de que han puesto la maximalización de sus ganancias sobre todo lo demás. Creemos que es posible un desarrollo económico más equilibrado y que no implique la vulneración de los derechos humanos de quienes no perciben esas ganancias.