Así lo anunciaron a una sola voz los representantes de los sindicatos, organizaciones indígenas e instituciones civiles presentes en la Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Un espacio donde se abordó la obligación del sector privado para actuar con la “debida diligencia” e impedir que se repitan situaciones de vulneración de derechos humanos.
“Es necesario estar en estos espacios y hacer visible las múltiples violencias que vivimos en nuestros territorios por las empresas (…) Nos prometen desarrollo, carreteras, postas de salud, pero lo que más nos traen es el deterioro de nuestra vida”. Son las palabras de Mayra Macedo, lideresa indígena Shiwilu de la región Loreto, quien este jueves 10 de noviembre se sumó a una decena de dirigentes y representantes andinos y amazónicos que alzaron su voz en la Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos
Esta actividad se desarrolló del 7 al 11 de noviembre, en paralelo al CADE Ejecutivo, tradicional evento que reúne a los empresarios del país, con el fin de reflexionar y construir una agenda común a favor de los derechos humanos en el ámbito de la conducta empresarial responsable, exigir la creación e implementación de un proyecto de “Ley de Debida Diligencia” en el Perú; y abordar el avance de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021 – 2025.
Una iniciativa que es organizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con más de 20 instituciones y redes que integran la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, los pueblos indígenas y los sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores (CATP).
Tras una semana de charlas, las organizaciones brindaron una conferencia de prensa donde exigieron un diálogo verdadero con el sector empresarial. Asimismo, denunciaron diversas vulneraciones a los derechos de laborales de los trabajadores, a los derechos de las comunidades indígenas, al derecho a un ambiente sano, entre otras, en casos relacionados a derrames petroleros, agroexportación, minería, entre otras actividades empresariales.
Los representantes de las organizaciones participantes anunciaron que el próximo año lanzarán una campaña nacional para recolectar un millón de firmas y presentar el proyecto de ‘Ley de Debida Diligencia’ al Congreso de la República para su posterior aprobación. El objetivo, señalaron, es evitar que se repitan las situaciones de vulneración a los derechos humanos, sociales, ambientales, económicos y culturales por parte del sector privado.
“Demandamos a las autoridades, al Estado y a las empresas el pleno cumplimiento de nuestros derechos (…) Desde acá le decimos a la CADE, que la crisis del Perú no se resuelve con una mirada empresarial simplemente. Por eso hemos acordado una campaña nacional para recoger firmas y sensibilizar a la ciudadanía de una Ley de Debida Diligencia”, expresó Juan Chang, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú.
El representante de la CUT invocó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña nacional para recolectar firmas para la aprobación de este proyecto de Ley. “Rechazamos a empresas violadoras de derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, que nos corresponden en los territorios, ríos, lagos y mares (…) Convocamos a todos los peruanos y peruanas a participar en el recojo de firmas. Los esperamos y necesitamos”, agregó.
Fuente: CAAAP