La constructora brasileña que había admitido en el 2016 el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América y dos países de África, ha iniciado demandas en cuatro de estos países. El monto que reclama es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas.
En la mayoría de países en los que la constructora admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre las acusaciones. En nuestro país, las investigaciones tuvieron un avance inicial importante antes del inicio de la pandemia, gracias al acuerdo de cooperación con Brasil y la empresa. Sin embargo, en la mayoría de países los casos se han estancado por razones burocráticos, en lo que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas. En el caso de Perú, el acuerdo de colaboración fue por un total de 190 millones de dólares a desembolsar a lo largo de 15 años, de los cuales solo han pagado 33 millones.
A pesar de este acuerdo, la empresa inició una demanda contra el Perú por 1 200 millones en febrero del 2020 ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial. La constructora espera lograr un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gaseoducto Sur Peruano,que tenía un valor de 7 mil millones.
La empresa ha hecho demandas similares en contra las petroleras de Ecuador, Argentina, República Dominicana y México y ha vuelto a acceder a contratos de obras públicas. Por otra parte, la empresa también ha modificado su marca comercial en los países donde busca seguir operando, bajo el nombre de Novonor y OEC.