Tres proyectos de alta tensión que se encuentran en construcción por una valor de 600 millones de US dólares fueron aprobados sin haber pasado por la consulta previa, como exige la ley. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) decidió este año regularizar la situación y exigir la realización de dichas consultas. Sin embargo, la empresas rechazan esta situación y están considerando demandar al estado peruano ante el CIADI.
Estos proyectos fueron dados en concesión por ProInversión. Las empresas alegan que enfrentan retrasos dados pro trabas del gobierno, y que las soluciones planteadas por el MINEM para sacarlos adelante no se concretan. Según Carlos Mario Caro, presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petroleo y Energía, es necesario que el problema se resuelva en los tribunales internacionales.
Los proyectos en cuestión son tres obras de líneas de transmisión: el proyecto Mantaro-Nueva Yanango-Huánuco; el proyecto Yana-Coya; y el proyecto Tintaya-Azángaro. El último se encuentra concluido y esperaba iniciar operaciones el pasado julio. Mientras los otros tienen un avance del 90%.
El derecho a la consulta previa está establecido en nuestro país desde la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 5 de diciembre de 1993; y fue normado por la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785) promulgada en el 2012. La consulta previa aplica a toda medida o decisión de las autoridades públicas que puedan «afectar» de una otra manera a los pueblos indígenas, lo que incluye políticas nacionales, programas, planes o proyectos.
Fuente: Energiminas, DAR