Entre el 10 y el 13 de octubre, nuestro país recibió la visita de la comisión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que tuvo como objetivo tener una mirada de la situación política del país, así como de las afectaciones a los derechos sociales, económicos y ambientales de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo.
Sobre este segundo punto, la comisión hizo énfasis en un hecho que solemos ignorar o no darle la importancia debida: la normalización de los derrames de petróleo. La relatora indicó que en los últimos 25 años han ocurrido más de mil derrames de petróleo, es decir, un promedio de 40 derrames al año. Esta situación, que debería ser inaceptable, se ha normalizado al punto que la mayoría de medios de comunicación no dan cuenta de muchos de estos eventos.
No sorprende que con tan poca visibilidad, la mayoría de estos casos terminen impunes; o se minimicen echando la culpa a «terceros» nunca identificados. Por otra parte, es posible que la falta de atención sobre estos hechos sea por que los principales afectados son poblaciones indígenas amazónicas, a quienes algunos consideran ciudadanos de segunda categoría incapaces de entender lo que es el verdadero desarrollo.
Lo real es que el daño que causan los múltiples derrames de hidrocarburos son en muchos casos irreparables, y limitan o eliminan la posibilidad de vida de miles de conciudadanos, asi como de los ecosistemas en donde estos ocurren. El Estado ha fallado en establecer mecanismos adecuados para prevenir esta situación, y tampoco ha sido capaz de dar sanciones ejemplares a las empresas causantes de estos hechos, muchas veces, de forma reiterada.
La necesidad de una transición energética es cada día más evidente. No solo porque ya empezamos a sentir los efectos del cambio climático, sino también por los impactos ambientales de la continua extracción de estos recursos. El petróleo y sus derivados son combustibles contaminantes. La tarea del gobierno debería ser iniciar un remplazo paulatino de estos recursos, en lugar de promover el reinicio de las exploraciones petroleras.