La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una visita de trabajo al Perú entre el 10 y el 13 de octubre con dos objetivos: monitorear el estado de la institucionalidad democrática y observar las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de los derrames de petróleo. La delegación estuvo liderada por el vicepresidente y relator para Perú, Comisionado Stuardo Ralón, la relatora especial sobre Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, así como otros integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutivo. Durante su visita, se tuvieron 24 reuniones con autoridades del Estado asi como organizaciones de la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas afectados por los derrames de petróleo.
La comisión observó que en los últimos años el Perú ha atravesado por varias crisis políticas. Entre los factores se encuentra el uso reiterado de tres figuras constitucionales que tiene el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes. Entre ellas se encuentran la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso por la negación de confianza a dos consejos de ministros. Frente a ello, la comisión de la CIDH hace notar que el Tribunal Constitucional no ha externado opinión sobre la incapacidad moral, incluso aunque se le ha sido solicitada. Para la comisión esa falta de pronunciamiento ha contribuido a la incertidumbre jurídica sobre dicha figura constitucional. Para solucionar la crisis sin poner en riesgo la institucionalidad democrática, el TC está llamado a ser el árbitro que evite arbitrariedades o excesos que quebranten el principio de legalidad y debido proceso.
Con respecto a los derrames de petróleo, la CIDH dio cuenta de los testimonios que resaltan los desafíos en la investigación, sanción y reparación adecuada y efectiva de las personas y comunidades afectadas por múltiple derrames. Asimismo, expresan su preocupación ante afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) derivados de los derrames.
“Estos (derrames) se han convertido en parte del paisaje local. En 25 años, han ocurrido más de mil derrames. Si calculamos un promedio, en Perú ocurren 40 derrames al año, una cifra preocupante con graves consecuencias en los derechos y la calidad de vida de amplios sectores de población, como en sus ecosistemas. En cualquier circunstancia, consideramos que estos desastres ecológicos requieren una atención prioritaria desde un enfoque de derechos humanos (…) para responder a un problema que se ha vuelto estructural”, puntualizó la relatora.
La CIDH exhorta al Estado de Perú a realizar un diagnóstico integral sobre el impacto económico y social de los derrames, bajo un enfoque de derechos humanos que tenga particularmente en cuenta sus serios efectos en la salud de las personas afectadas. Ello, junto a la creación de un fondo de emergencia para atender las afectaciones de las comunidades y los pasivos ambientales, constituyen elementos cruciales para dar una respuesta efectiva a los impactos que los derrames estarían produciendo en las poblaciones afectadas. Todas las acciones mencionadas con anterioridad deben enmarcarse dentro del respeto y garantía de los derechos de acceso a la participación, información y justicia en materia ambiental, para lo cual la Comisión y la Relatoría Especial urgen al Estado a respetar y garantizar los estándares interamericanos en la materia, así como a ratificar el Acuerdo de Escazú, como una medida adicional para avanzar en la protección de estos derechos.
Fuente: Servindi, Actualidad Ambiental