Desde hace cuatro años, un grupo de 18 compañías impulsa una demanda de amparo para no pagar el servicio de monitoreo y gestión que permite vigilar el uso eficiente y evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas en la capital. Recientemente, la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró infundada una apelación que interpusieron, pero las empresas iniciarán un recurso de agravio ahora en el Tribunal Constitucional. Estas compañías adeudan más de S/25 millones por el servicio.
La explotación indiscriminada de aguas subterráneas —consideradas como una reserva fundamental ante escenarios extremos, como sequías y crisis climática— pone en riesgo la disponibilidad futura del recurso en ciudades ubicadas en el desierto, como Lima y Callao. Es por eso que en Perú, las compañías y personas que extraen agua del subsuelo a través de pozos deben pagar, además del precio por el consumo, una tarifa que garantice el monitoreo y la gestión para vigilar su uso y evitar la sobreexplotación.
En la capital, el cobro y la ejecución de este trabajo de vigilancia está a cargo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Sin embargo, desde 2018, un grupo de 18 empresas impulsa una demanda de amparo ante el Poder Judicial para no pagar por este concepto. Las compañías registran deudas que, en conjunto, suman S/25’698.495,72 hasta setiembre de 2022.
Esto ocurre en un contexto en que Lima es una de las ciudades latinoamericanas con menos reservas hídricas por habitante, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 25% de la demanda de agua, precisamente, lo cubre las aguas subterráneas almacenadas en los acuíferos Chillón y Rímac, los cuales están interconectados, y Lurín, que es independiente.
Aunque el volumen de recursos aportados por esta fuente es menor al de las aguas superficiales, la demanda que atiende se ha incrementado, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debido a la mayor cantidad de usuarios privados. Así, entre 2013 y 2016 —los últimos datos disponibles—, la entidad identificó un crecimiento de más del 90% en el caso de las aguas subterráneas.