A nueve meses del derrame de petróleo de la Refinería La Pampilla S.A.A. —subsidiaria de Repsol— en el mar peruano, 48 playas, 23 puntas y acantilados, y tres áreas naturales protegidas aún se encuentran afectadas, de acuerdo con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). A pesar de este daño medioambiental, la empresa ha iniciado procesos legales y administrativos para evitar el pago de más de S/14 millones en sanciones vinculadas a no identificar las zonas afectadas por el desastre, no sustentar medidas complementarias para evitar que ocurra una nueva fuga, proporcionar información inexacta y no retirar una estructura submarina a tiempo.
Las multas en cuestión corresponden a cuatro Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) contra Refinería La Pampilla S.A.A. Uno de ellos se inició porque, de acuerdo al OEFA, la empresa incumplió con la identificación de zonas afectadas por el desastre.
Los otros tres, a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se originaron porque, según dicha entidad, la compañía no sustentó las medidas complementarias que adoptó para garantizar la alerta oportuna frente a una nueva fuga de hidrocarburos, brindó información inexacta en el reporte preliminar e interfirió en la fiscalización al no retirar una estructura submarina denominada colectores finales de tuberías (PLEM, por sus siglas en inglés) dentro del tiempo establecido (6 de marzo, como máximo).
La empresa ha tomado acciones y judiciales en tres casos interpuestos por Osinergmin. Por la falta de sustentación de medidas complementarias para garantizar la alerta oportuna en caso de una nueva fuga de hidrocarburos, por un valor de 9 millones, la empresa ha interpuesto una demanda de nulidad. La petrolera también estableció un recurso similar por la sanción interpuesta por brindar información inexacta en el reporte preliminar del 15 de enero.