La Unión de Gremios del Perú, institución que agrupa a 151 asociaciones vinculadas al comercio, industria, exportaciones, turismo, transportes y demás; emitió un pronunciamiento donde exigen al Congreso de la República proceder con diligencia con la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, interpuesta por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Indicaron que el país «no soporta más la inestabilidad y la incapacidad en la gestión del Estado».
Es claro que existen importantes indicios de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, los cuales están siendo investigados y procesados como corresponde en un sistema democrático. El problema con el comunicado empresarial radica en la falta de reconocimiento de su propia participación en la actual crisis política, que tiene sus orígenes en el 2016.
No existe en el comunicado empresarial un mea culpa por los financiamientos a las campañas políticas a cambio de contratos de obras, que constituyen el núcleo del caso Odebrecht, que involucró a prácticamente toda la clase política. Tampoco hay mención alguna los múltiples intentos de distorsionar o alterar la legislación para adecuarla a sus intereses. Podemos recordar los casos de los octógonos de salud, que las empresas buscaron en reiteradas oportunidades retrasar el inicio del reglamento. Más recientemente se encuentran los intentos para evitar la implementación de la ley del plástico de un solo uso y la prohibición de la comercialización del tecnopor.
El gobierno de Castillo no ha implementado ningún cambio de política pública que pudiese explicar los odios empresarias. Por el contrario, dada su debilidad ha parecido refugiarse en continuar y reforzar el modelo económico vigente.Quizás el problema de fondo no es la corrupción del gobierno, sino que la persona en el gobierno no es alguien que esté dentro de su espera de poder. Con Castillo las empresas que al parecer estarían ganado de forma fraudulenta los contratos y licitaciones no pertenecen al tradicional círculo de los grandes empresarios.