La semana pasada se llevó a cabo la trigésimo quinta edición de la conferencia anual de la industria minera en nuestro país: Perumin. Lo más destacable del evento han sido las declaraciones de diversos ministros de estado mostrando un acercamiento a los intereses mineros, en algunos casos, retrocediendo o revirtiendo promesas electorales y políticas de gobierno por las que esta gestión había sido electa.
Este cambio de postura se evidenció con claridad en la presentación del ministro de economía, Kurt Burneo. El ministro enfatizó que no se realizarían cambios en las normas tributarias ni ambientales, a pesar de que un ministro anterior de este gobierno había planteado la urgencia de aumentar la recaudación minera, especialmente en un momento donde los precios internacionales de los minerales se han incrementado. De esta forma, se cierra la posibilidad de redistribuir los recursos obtenidos por esta industria, para beneficio de las grandes mayorías del país.
Así mismo, el ministro Aníbal Torres indicó que buscarán simplificar los procesos administrativos, para facilitar los procesos de exploración. Queda la duda si esta simplificación va a significar, como ha sucedido muchas veces en el pasado, un retroceso en los requerimientos ambientales, sociales y culturales; considerados muchas veces por la industria como mera «tramitología».
Este nuevo enfoque del gobierno se puede entender como una nueva claudicación frente a los intereses de esta industria. Es claro que un gobierno débil, y con poco respaldo popular, es incapaz de hacer grandes reformas. Pero con estos anuncios parece que vamos a tener más de lo mismo, o incluso, una desmejora sustancial en la protección de los más vulnerables en el país.