El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), Sergio Huamaní, dijo que el paro en Espinar no cesará hasta conseguir la entrega del bono de S/2,000 y advirtió que hay riesgo de represión policial. «Si estamos en el corredor minero es para hacernos escuchar y que el Gobierno nacional tome este asunto en cuenta. Hemos enviado un documento a la PCM para que atienda la demanda de la provincia».
En el segundo día de protestas en la provincia de Espinar se mantiene el bloqueo del corredor minero del sur, mientras hay plantones en la ciudad de Yauri, capital de esta localidad. Un grupo de ciudadanos llegó hasta la zona de Pillones para impedir el paso de los vehículos mineros de Las Bambas, Hudbay y Antapaccay. En este punto, las unidades particulares circulan sin inconvenientes. El otro sector bloqueado está dentro de las 11 comunidades de la zona de influencia directa del proyecto Integración Coroccohuayco, de Glencore Antapaccay.
Por su parte, el gobierno central decidió enviar un fuerte contingente policial, lo que podría agravar la protesta social. Dicho contingente se encontraba en la Plaza de Armas de Espinar al momento de la redacción. La población de la provincia espera que se agilice la entrega de un segundo bono solidario, esta vez de S/2000, con fondos del Convenio Marco. Pese a que hay acuerdo por unanimidad en el Comité de Gestión, la determinación de los beneficiarios está siendo retrasado por el alcalde Arenas, a lo que se suma los problemas internos dentro del Frente Único de Defensa de los Intereses.
En la reunión del Comité de Gestión de ayer, el presidente de este ente, Lolo Arenas, dijo que la población electoral aumentó de 44,000 a 48,579 desde 2020 cuando se entregó el primer bono. A esta cantidad se debería sumar el número de estudiantes de educación superior y -por propuesta del Sucme- a las personas con discapacidad, lo que elevaría la cifra a más de 50,000. En consecuencia, la entrega del bono de S/2000 implicaría destinar aproximadamente 100 millones de los fondos del Convenio Marco.
Fuente: Pulso Regional, DHSF