En Febrero del 2020 se publicó el informe llamado «La sombra del petróleo: Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019», elaborado por Aymara León y Mario Zúñiga. Este documento daba cuenta que entre esas fechas se habían producido 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano, siendo los lotes 8 y el 192 donde se registraban más del 70% de los mismos. Cada uno de estos 474 derrames implicaba una tragedia ambiental, y una afectación a los ecosistemas y las personas que habitan en eso territorios.
A pesar de esta situación, los escasos avances en los procesos de remediación ambiental de estos sitios impactados, y la necesidad de reducir la producción global de petróleo frente al aumento de los gases de efecto invernadero, el gobierno de Pedro Castillo anunció el año pasado el relanzamiento de Petroperu y su retorno a la explotación luego de 25 años.
La semana pasada se reportó un nuevo derrame petrolero en el Oleoducto Norperuano que ha terminado afectando al río Cuninico y al río Marañon. Desde la empresa estatal se volvió a argumentar que el derrame se produjo por acciones de «terceros», los cuales, como de costumbre, no fueron identificados. El mismo reporte de la «Sombra del petróleo» ponía dudas sobre esta narrativa del «sabotaje por parte de terceros». El reporte da cuenta una comisión investigadora del Congreso de la República en el 2016, halló que las causas de los derrames serían un conjunto de incumplimientos por parte de la operadora, por fallas operativas o por falta de medidas preventivas frente a los procesos corrosivos. Según la OEFA y OSINERGMIN, el 65,4% de los derrames entre el 2000 y el 2019 fueron causados por corrosión, fallas operativas y condiciones inseguras, mientras que apenas el 28,8% de los mismos fueron causados por terceros.
Dos años después de publicado el informe parece que nada ha cambiado. Los derrames en la amazonía continúan ocurriendo y el discurso oficial continúa siendo el sabotaje. Continuamos viviendo bajo la sombra del petróleo, en momentos en los que el gobierno debería planificar una transición energética justa, que nos permita reducir nuestro consumo y producción de derivados del petróleo, minimizar los impactos ambientales, así como el daño para los miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en las áreas de influencia de dichos proyectos.