Se acrecienta la disputa por el decreto legislativo que prohíbe la tercerización laboral de actividades que nucleares de una empresa. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI recibió hasta el 8 de septiembre de este año, 343 denuncias contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuestionando la legalidad o razonabilidad de diversas medidas contenidas en el D.S. Nº 001-2022-TR.
El Indecopi, según sus facultades (Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, Decreto Legislativo n.° 1256), evalúa las citadas acusaciones efectuadas por empresas contra la reciente normativa dada por el MTPE. En su evaluación, la CEB podrá disponer: la admisión a trámite, inadmisibilidad o improcedencia de las denuncias; el otorgamiento o denegatoria de las medidas cautelares solicitadas; la emisión de un pronunciamiento final declarando fundada o infundada la acusación; la imposición de sanciones; el reembolso de costos de los procedimientos; entre otros aspectos.
La campaña contra la referida norma también se está dando en el nivel mediático. Durante la última semana han salido especialistas y expertos, con un claro sesgo proempresarial, a cuestionar la normativa gubernamental. Pablo Lavado, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico, indicó que dicha medida no protegería a los trabajadores, sino se generaría menos empleo y caída de los ingresos. En el mismo sentido se pronunció Luis Vinatea, del estudio Vinatea y Toyama, quien argumentó que el D.S. se publicó sin un análisis técnico y que se trataría de una norma ilegal. La presidenta de la Asociación PYME Perú, Ana María Choquehuanca, dijo que 100 mil trabajadores corren el riesgo de perder su trabajo.
Como vemos, el sector empresarial está decidido a lograr la derogación de la norma que corrige uno de los mecanismos más usados para negar a miles de trabajadores y trabajadoras en el país el acceso pleno a sus derechos.
Fuente: La República, Energiminas