Elida Ticona Hinojoza fue condenada por los delitos de disturbios y lesiones cometidos durante las protestas contra la ejecución del proyecto Tía María en el Valle de Tambo, Arequipa. Organizaciones de Derechos Humanos señalan que medida es injusta.
Como se recuerda, entre el 23 de marzo y 24 de mayo del 2015 los agricultores del Valle de Tambo se manifestaron en contra de que el gobierno dé luz verde al proyecto minero Tia María de la empresa Southern Perú Copper Corporation. Los manifestantes señalaron que dicho proyecto dañaría el medio ambiente y afectaría tierras agrícolas, así como la calidad y cantidad del agua en el referido Valle. Las protestas también se dieron porque el Estado iba a desconocer la Consulta Vecinal que se realizó el 27 de setiembre de 2009, la cual señalaba que el 97% de la población rechazaba que se lleve a cabo el megaproyecto minero.
Producto de los hechos, la Policía Nacional del Perú inició una serie de persecuciones a los agricultores/as y defensores/as del Valle de Tambo que salieron a las calles a alzar su voz de protesta. Por su parte, el gobierno y Southern Perú denunciaron falsamente una serie de delitos en contra de los protestantes. El caso Tía María se convirtió una protesta reconocida en Latinoamérica al ser una de las primeras donde se contaba con un rechazo mayoritario hacia la minera. Sin embargo la empresa y el Estado insistían en su ejecución.
Si bien en un primer momento el Ministerio Público absolvió a Ticona Hinojosa por el delito de tortura, sí se decidió acusarla por disturbios y lesiones leves. También señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de otros 10 procesados, por lo que se decidió absolverlos.
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), junto con el apoyo institucional de Red Muqui, asumieron la defensa legal de dos defensores procesados, quienes finalmente fueron eximidos de toda responsabilidad penal. Sin embargo, no se logró absolver la condena de Elida Ticona, aunque se espera que esto cambie en segunda instancia.
Durante estos siete años que ha durado el proceso judicial las organizaciones señalan que se evidenció un trato y acusación injustos hacia los manifestantes. Esto solo pone en evidencia la facilidad de la empresa y gobierno de criminalizar las protestas y vulnerar derechos.
Fuente: Servindi