La corrupción es un mal endémico de nuestro país. La encontramos a todo nivel de gobierno, en todas las regiones, y sin duda, no solo en el sector público, sino también, dentro del sector privado. Los últimos años se han caracterizado por los multiples procesos anticorrupción que han involucrado a todos los expresidentes vivos, algunos de ellos ya condenados.
Con el descubrimiento del caso Odebrecht y los múltiples esquemas de defraudación del erario público, como el club de la construcción, se esperaba inicialmente una renovación del escenario político. Pero por el contrario, quizas ese fue el detonante de la crisis política actual, que parece lejana de resolver. Nuestro país parece condenado a un eterno retorno de la corrupción.
El actual presidente, Pedro Castillo, parece decidido a repetir estos esquemas. La semana pasada, un operativo policial llevó a la detención de su cuñada, Yenifer Paredes, y los hermanos Espino. La fiscalía los acusa por lavado de dinero por beneficiarse tras haber ganado la buena pro de millonarias licitaciones para la instalación de un sistema de agua potable y saneamiento en el municipio de Anguía. El pasado viernes 19 de agosto, se conoció que los hermanos espino se acogieron a la confesión sincera.
Este tipo de mecanismos no son una novedad en nuestro país. Como mencionábamos anteriormente, las empresas pertenecientes al club de la construcción (entre otras Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, entre otras), habían establecido un esquema para turnarse las licitaciones públicas y así beneficiarse entre todas.
Los que perdemos al final siempre somos los ciudadanos, con obras sobrevaloradas que no cumplen su función, o que se realizan solo para aumentar los bolsillos de los inversionistas. O también, porque mediante estos mecanismos se imponen proyectos perjudiciales para algún sector, sean los pueblos indígenas o comunidades campesinas. Acabar con la corrupción es una necesidad para promover un desarrollo más equitativo para todos y todas.