Uno de los derechos fundamentales que todo ser humano debería tener y ejercer es el derecho a la sindicalización. En nuestro país, los sindicatos han sido demonizados como parte de las «reformas» neoliberales impuestas por la dictadura fujimorista: no solo se les estigmatizó como cuna de sendero y otras organizaciones terroristas, sino que su caricaturizó a los dirigentes como privilegiados frente al resto de los trabajadores. Lamentablemente estos esfuerzos tuvieron una acogida en la sociedad, que buscaba desesperada una salida a la crisis económica y social de fines de la década de 1980.
La situación actual es que tenemos una tasa de sindicalización sumamente baja. Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empelo (MTPE), a julio del 2021 la tasa de afiliación sindical es apenas de 8,2%. Mientras que en el sector público está aumenta hasta un 15,4%, en el sector privado apenas suma un 5,2%. Como resultado, se tiene también una alta informalidad laboral y una fuerte desprotección a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en el país.
Las empresas privadas han sido las más beneficiadas con esta desincalización de la sociedad. La desprotección que genera una masa de trabajadores desafiliada permite la imposición de condiciones precarias frente a la posibilidad del despido. Por otra parte, en las ocasiones en la que los trabajadores han buscado formas sindicatos para defender sus derechos, es común que los empresarios respondan con despidos en represalia, para desincentivar que otros trabajadores decidan unirse.
Los gremios empresariales también reiteran con cada normativa o intento de normativa que busque proteger los derechos laborales la idea de que un régimen laboral más rígido aumentaría las tasas de informalidad en el país. Ante esto tenemos que recordar que los informales no son solo los que trabajan de forma independiente en las calles, sino también, quienes trabajan como «terceros» o «locadores de servicios» a pesar de contar con una relación de dependencia u horarios de trabajo. En estos casos, la informalidad es más un resultado de la falta de supervisión y fiscalización laboral, que de la rigidez de la normativa.
Frente a esto también es importante mencionar la situación de muchos países de la OCDE, donde las tasas de sindicalización pueden llegar a cifras por encima del 90% (como Islandia). Antes que una informalidad rampante, lo que tienen muchos de estos países es un mejor balance entre la vida personal y la vida labora, aumentando la calidad de vida y la productividad de la economía.
Nuestro país necesita mayores protecciones sindicales, que permita a la mayoría de trabajadores y trabajadoras tener la libertad de afiliarse y asociase en la protección de sus derechos. Una mejora en la tasa de sindicalización, podría permitir a la sociedad encontrar un mejor equilibrio, que permita a cada vez más peruanos salir de la pobreza y de la sobrevivencia del día a día.