Un reciente informe de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) da cuenta que hasta 9 de cada 10 trabajadores en la Macrorregión Centro labora en la informalidad. De esta manera, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco son las regiones con el mayor número de trabajadores informales, superando el 88%. La contratación informal afecta al 76,8% de trabajadores en todo el país.
Se trata de una situación grave para el país, ya que los niveles de informalidad están directamente correlacionados con los índices de pobreza. En el caso de Pasco y Huancavelica, las tasas de pobreza alcanzan el 42,1% y 41,2% de la población, respectivamente.
La contratación informal también conlleva la falta del reconocimiento a los derechos laborales. Sin duda el caso más sonado es el del comentarista deportivo Daniel Peredo, quien por casi 15 años estuvo contratado como locador de servicios. Su viuda, Milagros Llamosas, inició un proceso legal contra la empresa Media Networks (del grupo Movistar) pagara los beneficios laborales correspondientes como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, utilidades y otros; que le hubiesen correspondido bajo un contrato en planilla. En noviembre del año pasado, la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) falló a favor de la familia y dispuso el pago de más de un millón y medio de soles.
Una contratación adecuada también serviría para prevenir casos de discriminación o de hostigamiento laboral. En esta semana, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recordó que la Ley 27942, declara como nulo el despido o la no renovación de contrato de una persona que haya presentado una queja, denuncia, demanda o reclamación por hostigamiento sexual en el trabajo. Uno de los casos públicos más recientes es el del congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual por una trabajadora de su despacho. El mismo día de la denuncia, el Congresista días solicitó el cese de la denunciante. De acuerdo con la Ley vigente, los empleadores tienen la obligación de dictar medidas de protección en el plazo de tres días hábiles, lo que no se ha cumplido en este caso.
Lamentablemente, también ha sido en el Congreso de la República donde se ha presentado un lamentable caso de discriminación laboral. Carlos Marina, trabajador de la comisión multipartidaria de Protección a la Infancia, se enteró que era portador de la viruela del mono el pasado 10 de julio. Desde el momento que avisó del contagio a sus colegas empezó a sufrir hechos discriminatorios. Al momento de regresar a su trabajo, recibió la noticia de que había sido cesado en sus labores.
Fuente: RPP, La República, Salud con Lupa