Desde el 2014, la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana, mantiene una demanda contra 9 comuneros y comuneras de Catacaos en Piura y exigen su desalojo de las tierras donde viven. En primera instancia, el juzgado falló a favor de la empresa, pero la defensa de los comuneros decidió apelar en noviembre de 2021. Nueve meses después de la audiencia, la Primera Sala Civil de Apelaciones aún no fija una fecha para la lectura de sentencia.
Ellos esperan ser absueltos frente a una demanda que consideran injusta. Así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa realizada en Piura este último jueves 4 de agosto.
Alejandro Martens, abogado del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), quien viene apoyando a la defensa legal de los comuneros, señala que 1 985.40 hectáreas que forman parte de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, y que actualmente se encuentran en disputa, fueron transferidas a empresas vinculadas al Sodalicio sin conocimiento de las y los comuneros.
«Hay 100 mil hectáreas que deberían estar en manos de los comuneros de Catacaos, pero ahora está en manos de terceros y que son parte de un tráfico de terrenos. Es decir, se apropian de forma irregular distintas hectáreas de terreno para obtener beneficio económico», señaló Martens.
Los comuneros de Catacaos criminalizados por la ACSB son Wilmer Maza Sandoval, Santos Maza Juárez, Percy Maza Sandoval, Casimiro Maza Juárez, Percy Vílchez Chiroque, Paula Sandoval Sullón, Gregorio Inga Sánchez, María Maza Flores y Reynaldo Palacios Anastasio. Santos Elías Mendoza también estuvo demandado, pero falleció.
En caso no logren revertir la sentencia, no solo los 9 comuneros demandados serán desalojados, también alrededor de 200 familias se quedarían sin una vivienda y tierras.