Solo 65 dólares por hectárea es lo que habría pagado la multinacional Glencore por los terrenos para el proyecto Coroccohuayco, en la provincia de Espinar. La empresa tiene la intención de explotar el yacimiento, tras una inversión estimada en USD 590 millones, dándole 30 años más de permanencia en el territorio.
El proyecto involucra directamente a tres comunidades originarias: Huano Huano, Pacopata, y Huini Coroccohuayco. Según denunció el presidente de la comunidad de Pacopata, Felipe Kana, la empresa habría adquirido las tierras a un valor de 65 dólares por hectáreas, y que las 408 hectáreas fueron obtenidas de mala fe.
Según ana Leyva, abogada y subdirectora de CooperAcción, el crecimiento de la actividad minera en Espinar ha implicado la compra de tierras de las comunidades y no como territorios comunales o indígenas. Esto vulnera un conjunto de derechos colectivos que tienen que ver con la identidad, cultura e integridad del territorio «porque también se ha ido fragmentando y ellos terminan perdiendo su control».
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, la compra de tierras es una estrategia de la empresa Glencore para burlar la consulta previa con el silencio cómplice del Viceministro de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas. Añadió que desde hace años las comunidades campesinas vienen denunciando el despojo de sus tierras a través de la compra irregular que solo favorece a los proyectos mineros.
El especialista enfatizó que se trata de transferencias de propiedades que carecen de legalidad y de validez, pues el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas sostiene que solo se puede vender tierras de comunidades cuando 2/3 de los comuneros calificados así lo decidan. Sin embargo, la estrategia de la empresa minera es comprar de manera individual, con ello las comunidades pierden todos sus derechos territoriales como pueblos indígenas, como el de beneficiarse de las actividades extractivas, pierden el acceso a los recursos naturales que garantizan su subsistencia. Pierden cualquier posibilidad de reclamar sus derechos, porque el territorio dejo de ser de ellos. Una población fragmentada, dispersa y sin comunidad pierde el derecho a la Consulta previa, libre e informada.