Una investigación de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta), a la que pertenece OjoPúblico, ha revelado que las compras públicas realizadas por cinco países latinoamericanos para abastecerse de medicamentos básicos en el tratamiento de trastornos mentales y afectivos fueron adjudicadas sin concurso público a proveedores únicos o favoreciendo a empresas con malas prácticas corporativas.
En el caso del Perú, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) del Ministerio de Salud (MINSA), es el principal encargado de adquirir los medicamentos para la salud mental que se distribuyen en los establecimientos públicos. Entre el 2017 y el 2021, dicha entidad realizó nueve compras corporativas que derivaron en 5 930 contratos para proveer al país de psicofármacos, valorados en USD 12,7 millones. Los ganadores de estos procesos fueron 14 empresas, pese a que 61 cuentan con registros sanitarios para comercializar estos productos.
La investigación de la Red Palta revisó estas compras y encontró que 3 831 contratos (el 64%) se entregaron sin competencia de postores, por un total de USD 9,1 millones. Las dos empresas que facturaron más sin tener que competir fueron Droguería Sagitario, que concentró las ventas de hidroxicloroquina durante la primera etapa de la pandemia, y Laboratorios AC Farma S.A. Ambas compañías mantienen una alianza en la que la primera se encarga de distribuir los medicamentos que la segunda fabrica o importa, y en conjunto lograron USD 4,9 millones con las ventas de psicofármacos.
La mayoría de los contratos sin pluralidad de postores se realizó por subasta inversa electrónica (3.655), un mecanismo creado para promover la puja de precios hasta llegar a la oferta más económica y que, según la normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), se declara desierto cuando no cuenta con al menos dos ofertas válidas. Sin embargo, la Red Palta confirmó que esto no ocurrió en el periodo analizado e, incluso, se concretaron ventas por montos muy superiores al precio referencial.
A pesar de ello, estos contratos se suscribieron al amparo de la Ley 30680, que de manera excepcional autorizó al Cenares a aprobar subastas inversas electrónicas «con solo una oferta válida». La mayor parte de los contratos analizados (2.409) se convocaron hasta el último día que estuvo vigente la excepción, el 31 de diciembre de 2018. Consultado al respecto, el Cenares sostuvo que si no aplicaban la norma corrían el riesgo de afectar el abastecimiento de estos productos.