La inacción frente al reciente derrame de zinc concentrado en el río Chillón pone nuevamente en cuestión la actual legislación ambiental peruana. Hasta el momento, solo se han implementado medidas preventivas contra la empresa transportadora del mineral, mientras que la empresa propietaria del producto, la minera Volcan, parece haberse librador de toda acción de las autoridades.
Esta situación se repite una y otra vez. En enero se produjo el derrame de petróleo más grave en el pacífico peruano, ocasionado por la empresa Repsol. A pesar de la empresa mintió sobre la magnitud del mismo, y ha afectado – quizás de forma irreversible – el sustento de vida de miles de personas, la empresa declaró las playas como limpias y se olvidó del tema. Lo mismo sucede con los derrames en la amazonía. Según el reporte, la Sombra del Petróleo, más de 400 han ocurrido en los últimos 20 años, especialmente en el Oleoducto Nor Peruano.
¿Qué pasa con la legislación ambiental? Las sanciones impuestas por las autoridades resultan muy pequeñas para disuadir a las empresas de la malapraxis y los descuidos en sus actividades. Para muchas grandes compañías, en muchos casos resulta más económico pagar las sanciones impuestas por las autoridades, antes implementar las medidas de seguridad que evitarían esos derrames. Por otra parte, se han flexibilizado a favor de los intereses empresariales los diversos mecanismos y salvaguardas. No es poco común que las empresas modifiquen aspectos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) luego de que estos hayan sido aprobados, con el aval de los gobiernos de turno y la perplejidad de las comunidades afectadas por dichas modificaciones.
La causa de esto no es otra que el modelo de desarrollo que aún prepondera en las entidades del Estado. Bajo dicha perspectiva, las actividades extractivas son indispensables para el desarrollo del país, y las autoridades deben facilitar el desarrollo de las mismas. Bajo esa lógica las protecciones ambientales se convierten en «tramitología» que «retrasa» dichas actividades y «pone en riesgo la atracción de las inversiones». No podemos continuar con ese modelo, porque las consecuencias son el sufrimiento de miles de personas y de la naturaleza afectada. ¿Es que acaso los ingresos de un puñado de compañías están por encima de la posibilidad de vida de miles de ciudadanos?