Ser un defensor ambiental en el Perú es una labor de alto riesgo. A fines de abril de este año se contabilizaban ya 18 defensores ambientales asesinados en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Estos asesinatos se producen en la mayoría de los casos por los intereses económicos del narcotráfico y de actividades extractivas ilegales, que buscan desplazar a las comunidades indígenas o a los comuneros de la zona, para ocupar sus tierras y expandir sus negocios.
Ante esta crisis, la semana pasada más de 120 defensores ambientales de todo el país se reunieron en la ciudad de Lima en el primer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y el Ambiente. Dicha reunión buscaba generar un espacio de diálogo entre los diferentes representantes, para articular un diagnóstico de la situación, y presentar sus demandas de protección a las autoridades.
Es claro que el Estado tiene un rol fundamental en la protección de los defensores y defensoras, el cual no está cumpliendo a cabalidad. Sin embargo, es importante que las empresas privadas y sus gremios, asuman un rol activo en esta tarea.
Para empezar, porque muchas de estas actividades ilegales no funcionan de forma aislada con la economía formal. En muchos casos, tienen complejos mecanismos para lavar sus activos e introducirlos dentro de la economía. Las empresas privadas, tiene el deber de establecer mecanismos de salvaguarda para prevenir que estos fondos manchados de sangre ingresen en su contabilidad.
Por otra parte, las empresas cuyas actividades y su zona de influencia se encuentre cerca a los territorios indígenas u a otras comunidades, pueden tener un rol más proactivo, y establecer una relación más cercana con los y las ciudadanos. De esta forma, se pueden generar espacios de confianza que prevengan la introducción de actores ilegales.
Esperemos que los principales gremios empresariales asuman su responsabilidad y contribuyan con el fin de esta crisis.