Según una entrevista realizada por El Gran Angular a Lieven Pype, representante en Perú de Broederlijk Delen (BD) y coordinador de la campaña «Espinar no puede esperar», la ley de debida diligencia de la Unión Europea (UE) alcanzaría a la empresa suiza Glencore ya que es una transnacional que factura montos mayores a 40 millones de euros anuales dentro del territorio de la UE y porque recibe créditos de bancos europeos que tienen una facturación mayor a 150 millones de euros anuales.
Según la norma que sería aprobada, las empresas europeas que operen en terceros países deberían cumplir un conjunto de normas y conductas para garantizar los derechos de las poblaciones en su área de influencia, como el caso de Espinar en Cusco. La empresa sería obligada a incorporar políticas de debida diligencia en todas sus operaciones, lo que implica el respeto del medio ambiente y los derechos humanos de los pobladores. Asi, van a tener que prevenir, mitigar y atender los daños potenciales o reales. Eso incluye los mecanismos de acceso a la justicia y la posibilidad de que las empresas sean sancionadas si no cumplen con esta normativa.
De aprobarse esta ley, Glencore podría ser responsable ya que existen muchos indicios y estudios que demuestran una relación entre las operaciones mineras y la contaminación generada en Espinar. Sin embargo, lo que no existe es un estudio científico definitivo que muestre la relación causal entre la actividad minera y la contaminación. Con la nueva ley, debería aplicarse el Principio Precautorio, que indica que solo la coexistencia de daños con las operaciones es motivo suficiente para que la empresa este obligada a atender dicha contaminación, la histórica, actual y la potencial en el futuro.
Actualmente la norma se encuentra en discusión tanto en el parlamento europeo, la comisión y el consejo europeo. En este marco se busca exponer el caso de Espinar ante esta instituciones, por lo que tres representantes de organizaciones sociales peruanas viajarán a Bélgica y el Reino Unido para exponer sus demandas ante la actividad minera.
Esmeralda Larota, de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, será la voz de los afectados por metales pesados. La delegación peruana también incluye al exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, y la bióloga Karem Luque, de Derechos Humanos sin Frontera.
Fuente: El Gran Angular, Inforegión