Hace un año nuestro país se convertía en la vigésimoquinta nación del mundo, y tercera en Latinoamérica, en aprobar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos. El documento se publicó mediante el Decreto Supremo Nº 009-2021 y establecía cinco lineamientos estratégicos para desarrollar entre el 2021 y el 2025:
- Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales.
- Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial.
- Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades.
- Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos.
- Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a los derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación.
Cambiar la cultura empresarial en el país es una tarea larga y que tomará muchos años. Sin embargo, un año después de la aprobación del plan no se encuentran muchos avances que mostrar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad conductora del plan, desarrolló a fines del mes pasado un Taller de Coordinación y Capacitación con los principales sindicatos del país.
A pesar de estos esfuerzos, la protección de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, así como de la población en el campo de influencia de las actividades empresariales, sigue igual o en algunos casos ha empeorado. Esta situación es la que viven hoy en día los pueblos indígenas, desde que en el pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional determinara que la consulta previa no es un «derecho fundamental» a pesar de que está ratificada en tratados internacionales (los que tienen rango constitucional). Tampoco se han visto mejoras en la forma en como la empresa MMG Las Bambas intentó resolver las conflictos con las comunidades aledañas, llegando incluso a reportarse denuncias de contrataciones a ex combatientes de la guerra de Irak para enfrentar a las comunidades.
Se necesita crear una nueva relación entre la sociedad y las empresas, basada en la protección y la defensa de los derechos humanos. La tarea recién está empezando pero necesitamos acciones más concretas desde el Estado, pero sobre todo de las empresas, quienes parecen seguir priorizando sus intereses económicos antes que nada.