La noticia más importante de la semana es la declaración de culpabilidad de la empresa anglo-suiza Glencore, ante las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, por los cargos de corrupción y de manipulación de los mercados. El acuerdo llegado con las autoridades de esos países implicara un pago de más de 1000 millones de dólares estadounidenses. Dentro de la declaración de culpabilidad, se indicó que el soborno ha sido parte integral de su cultura corporativa.
Glencore es una de las empresas más grandes dedicadas a la extracción de materias primas. En nuestro país ha estado a cargo de las empresas Antamina, Antapaccay, Los Quenuales, y también Las Bambas. Si, tal como ha reconocido la empresa, el soborno ha sido pate integral de su cultura corporativa, ¿que tipo de actos de corrupción habrían podido cometer en nuestro país?
Se requiere una investigación seria a las actividades realizadas por esta empresa en nuestro país. No sería la primera vez que por investigaciones en otros países se termina descubriendo una red de corrupción que había pasado desapercibida. No hay que ir mucho más atrás para recordar los casos de Odebrecht, y Graña y Montero, empresas que armaron diversos esquemas de sobornos con la clase política y las instituciones públicas, para asegurarse ganar los contratos de licitaciones, e incidir en la debilitación de los marcos regulatorios que afectaban sus intereses.
En otras palabras estamos hablando de la captura del Estado para volverlo servil a los intereses de los grandes capitales. En momentos donde los cuestionamos sociales son cada vez más contundentes, especialmente con las industrias extractivas, es necesario cambiar esa perversa relación entre la clase política y las grandes empresas. La tarea recién está empezando.
Noticia especial
Desde hoy abrimos un espacio para contarte la realidad de las comunidades de Espinar que viven alrededor de la zona minera: quiénes son, como viven, que les ha pasado… también te contaremos que tienen una esperanza.
Más de 100 organizaciones -entre nacionales e internacionales- se unen para pedir a los países de la Unión Europea (UE) que debatan y aprueben la Ley de Debida Diligencia, directiva que busca adoptar una legislación a la escala de la UE para prevenir los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales por parte de empresas europeas que operen en otros países a lo largo de toda su cadena de valor. La campaña pone énfasis en el caso Espinar (Cusco), lugar que convive cerca de 40 años con la actividad minera y donde se han presentado diversas vulneraciones a los derechos humanos.
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