Retroceso. La comisión de economía del Congreso de la República aprobó ayer por 14 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones el dictamen del proyecto de Ley 1726/2021-CR, que deja sin efecto el D.S. 001-2022-TR aprobado por el Ejecutivo, que evita la tercerización laboral en el núcleo del negocio. Según la titular de la comisión, Silvia Monteza, la norma decretada por la exministra de Trabajo Betssy Chávez «atenta contra la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa»
El citado decreto fue publicado en febrero de este año y modifica diversos artículos del reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización. Así, precisa que esta modalidad de contratación se debe aplicar solo a aquellas actividades que no forman parte de la actividad nuclear de la empresa.
La norma da un periodo de 180 días calendario, que vence el 23 de agosto de este año, para que las organizaciones puedan adecuarse al nuevo reglamento. Tras este plazo, la SUNAFIL supervisará el cumplimiento de la ley.
De esta forma, el Congreso de la República se alinea nuevamente con los intereses empresariales en perjuicio de miles de trabajadores que se podían beneficiar de esta norma. Mantener la tercerización en las actividades nucleares de las empresas permite que a muchos trabajadores se les sigan negando el acceso a la planilla y al cobro de las utilidades generadas por las empresas.
Fuente: La República