Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en el mercado global de productos alimenticios ha generado una preocupación de niveles catastróficos. Según la revista de economist, entre los dos países exportan el 12% de las calorías comerciadas a nivel global. Los primeros efectos se han empezado a sentir en el alza del precio del trigo, que se ha incrementado en 53% desde el inicio del año. En respuesta, países como la India han prohibido las exportaciones de dicho producto, para proteger su mercado interno. El 18 de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) anunciaba que en los próximos meses el mundo se enfrentaría al fantasma de la escasez de alimentos.
A pesar de la distancia, el Perú no es ajeno a estos impactos. La representante de la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO) alertó que la falta de seguridad alimentaria podría afectar a 15,5 millones de personas, casi el 50% de la población de todo el país. Según la especialista, la inseguridad alimentaria podría agravarse con el empobrecimiento de la población peruana tras la pandemia y los efectos de la inflación mundial, especialmente en los productos alimenticios.
Frente a esta situación cabe preguntarse cual va a ser el rol de la industria alimentaria en nuestro país. Dos compañías dominan dicha industria (ALICORP y Gloria), concentrando entre ellas el 52% de las 20 empresas con mayor facturación en el sector. Sin embargo, en el pasado reciente han priorizado sus intereses económicos por sobre el bien común. Desde la Sociedad Nacional de Industrias fueron férreas opositoras al etiquetado con ocótgonos, que buscaba informar de productos alimenticios que podrían afectar a la salud. Por otra parte, ya anteriormente se ha cuestionado a los grandes monopolios y oligopolios de la industria. El año pasado, el INDECOPI inició el monitoreo de precios de los productos de la canasta básica familiar, ante la posibilidad de especulaciones y concertaciones de precio por parte de la industria.
Dada la gravedad de la crisis alimentaria que se avecina, desde el Estado se debe priorizar garantizar el acceso de los y las ciudadanas a los productos de la canasta básica familiar. Esperemos que la industria alimentaria actúe en consecuencia, y no ponga sus intereses económicos sobre el hambre de millones de personas.