El pasado 4 de mayo, el Congreso de la República aprobó en segunda votación la ley que modifica la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). La norma fue aprobada con 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones. Con esta norma, el Consejo Directivo de la SUNEDU pasará a tener 7 integrantes: un representante del Ministerio de Educación, otro del CONCYTEC, un representante del «Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa» (SINEACE), uno del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas y uno de las universidades privadas. La ley aprobada además elimina la facultad que tenía la SUNEDU para aprobar programas, la rectoría del MINEDU, y presupuesto para la mejora de las Universidades Públicas. De esta forma, se volvería a un esquema similar al que existía con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que permitió la proliferación de muchas universidades con fines de lucro que no reunían condiciones mínimas para otorgar educación de calidad. Los más beneficiados con esta norma son muchas de estas universidades, que no obtuvieron la acreditación de SUNEDU que necesitaban para funcionar.
La norma ha recibido reiteradas críticas y va a ser observada por el ejecutivo. El titular del SUNEDU indicó que el dictamen del congreso esconde un propósito más oscuro, plagado de intereses, para retroceder con la avanzado en la Reforma Universitaria: «pues se busca regresar a un sistema sin supervisó y donde se actuaba con total impunidad». Sostuvo que la piedra angular de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad es que los supervisados no se supervisen a si mismos. Ni directamente ni a través de representantes.
En el mismo sentido se pronunciaron diversos gremios y colectivos estudiantiles. En su pronunciamiento indicaron que «es lamentable que se use el lema de ‘autonomía universitaria’ para este proyecto de ley que solo representa los intereses de un bando de rectoras y congresistas». Indicaron también que el dictamen no ha sido consultado a la comunidad universitaria, como docentes, estudiantes ni trabajadores.
La aprobación de la norma ha terminado llevando a la ruptura de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP). Este quiebre se produjo tras una elección paralela de dos consejos directivos diferentes. Uno de ellos liderado por el rector de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, Américo Guevara; y el otro encabezado por Jeri Ramón, decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que actualmente encabezaba la ANUPP y que está a favor de la contrareforma. Ramón debía permanecer al frente de la entidad hasta fines de febrero. Sin embargo, desconoció las elecciones de febrero, donde resultó ganador Guevara, con el respaldo de al menos 34 universidades. Ramón convocó a un segundo proceso en marzo, donde salió elegida con el respaldo de 9 autoridades. Este último grupo logró inscribir este consejo directivo ante la SUNARP.
Fuente: El Peruano, La República.