El pasado 27 de abril, tras la declaración del estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, Apurímac; se produjo un violento desalojo y represión a los comuneros de Fuerabamba. Más de 600 agentes de la Policía Nacional de Perú intervinieron en el violento desalojo, el cual había sido solicitado por la empresa minera Las Bambas, el pasado 16 de abril.
El resultado de la operación es de 14 heridos, de los cuales se encuentra una mujer de gravedad, identificada como Rosa Paniura Vargas, de 60 años. Otra herida es Teresa Paniura Vargas, de 48 años, quien presenta un cuadro con varias contusiones y posible fractura en la pierna derecha. A ellas se le suma Daniel Huilca Vargas, de 21 años, diagnosticado con policontusiones en el rostro y otros 11 heridos.
Durante la operación se detuvo de forma arbitraria al periodista de La República, Raúl Cabrera Ramos, quien se encontraba reportando el operativo. La policía lo detuvo sin explicaciones por más de cuatro horas en Takiruta, la zona donde opera la mina. Se le despojó de sus equipos de trabajo y el material obtenido fue manipulado. Frente a esto el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó la escalada de acciones contra periodistas adoptada por la PNP y exigió al ministro del Interior, Alfoso Chávarry, explicaciones al respecto.
El portal Convoca.pe, reveló que durante el operativo participaron civiles con chalecos, cascos y otros accesorios utilizados por la PNP. Estos civiles formarían parte del presonal contratado por la empresa minera para brindar seguridad, según se reveló en un video grabado el pasado 27 de abril.
«Acá es una matanza. Nos han engañado para desalojar a la población. Estamos con temor, nos han traído con engaños, estamos cercados. Todos somos civiles, acá estamos en peligro. Mira cómo incendian las maquinarias. Estamos cercados, no podemos salir», denunciaron los miembros del personal de seguridad en el video.
Frente a esto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidió a la Fiscalía a investigar estos hechos, que podrían configurar el delito de usurpación de funciones, penado hasta con 7 años de cárcel. Para la CNDDHH, «es sumamente grave que se exponga la integridad de civiles en estas acciones que requieren entrenamiento especial» y que, además, supondría el delito de ostentación indebida de insignias.
Fuente: Derechos Sin Fronteras, Inforegión, Convoca.pe, Servindi