Empresarios contra la Asamblea Constituyente

Esta semana los principales gremios empresariales del país, encabezados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), emitieron un pronunciamiento contra la propuesta del gobierno del presidente Pedro Castillo de convocar a una Asamblea Constituyente. Según indicaron en su comunicado, la propuesta no resuelve los problemas de fondo ni mejorará la calidad de vida de los peruanos, y por el contrario, genera un clima de incertidumbre que «afecta las inversiones».
¿Cuantas veces hemos escuchado los mismos argumentos para oponerse a la necesidad de un cambio en el país? El empresariado peruano parece que no tiene otro discurso posible. Frente a cualquier amenaza al status quo del que se benefician directamente, alegan que genera incertidumbre y ahuyenta las inversiones.
Esta voluntaria ceguera frente a los reclamos de buena parte del país, es la que nos está llevando a la crisis actual. Millones de peruanos trabajan en condiciones de informalidad, sin acceso a mínimos derechos laborales. Por otra parte, las empresas aprovechan cualquier resquicio legal para imponer sus intereses, aún en contra de la vida y salud de quienes sufren las consecuencias de sus actividades.
Estos reclamos no son recientes. Se pueden tener diferentes opiniones sobre la necesidad o no de una Asamblea Constituyente, o del proyecto específico enviado por el presidente para que sea visto en el Congreso de la República. Pero las demandas de cambio no surgen ni se agotan en ellos. Creemos que es necesario empezar a escuchar las demandas sociales, e iniciar un proceso y un acuerdo real, que involucre a todos los ciudadanos: trabajadores, pueblos indígenas, desempleados, etc. Este proceso solo puede culminar con la construcción de un nuevo pacto social incluyente. De lo contrario continuaremos en este crisis de representación y violación constante de los derechos de todas y todos.
Los trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, usuarios o consumidores esperan de las empresas un cambio que implique un respeto de sus derechos y una conducta responsable, asi como un servicio adecuado con los costos y con las tasas de ganancia. Los gremios empresariales prodrían empezar a escuchar esas demandas y no tratar solo de posicionar sus intereses. Ese es el espíritu del sistema democrático. Los empresarios pueden tener su opinión y expresarla, pero al final tienen un voto, al igual que todos los ciudadanos.