El viernes 22 de abril se cumplió un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca asegurar la protección ambiental y defensa de defensores de derechos humanos. Este y otros aspectos fueron abordados en la primera Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, que se desarrolló del 20 al 22 de abril en Santiago de Chile, y donde la sociedad civil logró importantes avances en la implementación de este tratado en América Latina y El Caribe.
En la conferencia, se logró la aprobación de las reglas del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18 del tratado), que estará integrado por expertos, para asegurar su efectiva implementación, en colaboración con la sociedad civil. En ese contexto, el 22 de abril, último día de la COP1, la Red Regional Escazú y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, con el apoyo de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, convocaron a una conferencia de prensa internacional, que se llevó a cabo en la misma sede de la COP: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo fue presentar un balance de la COP1 del Acuerdo de Escazú desde la sociedad civil.
En la conferencia de prensa, la abogada colombiana Natalia Gómez, Representante del Público y parte de EarthRights International, señaló que “Ahora el público puede enviar una comunicación para indicar si un Estado no está cumpliendo con su rol. Además, este comité va a tener dentro de sus funciones adoptar medidas cuando hay personas que están llevando información y protegerlas, como es el caso de los defensores y las defensoras ambientales”. Además, indicó que la próxima COP Escazú se desarrollará en Argentina en el 2023, para elegir a los miembros de apoyo y cumplimiento, “entre ellos será importante la participación del público”, precisó.
Nuestro país aún no ha ratificado su participación en el tratado, algo que los dirigéntes indígenas de nuestro país así como activistas de la sociedad civil vienen exigiendo. Especialmente, dada la grave situación que vienen sufriendo los defensores ambientales. Johana Mendoza, representante de la Plataforma de Jóvenes Escazú – Perú y comunicadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recalcó que se han incrementado los crímenes de defensores y defensoras del medio ambiente, por lo cual también pidió que el Estado de Perú debe ratificar el tratado regional con el cual se pueden detener los graves daños medioambientales, así como salvar vidas indígenas.
Fuente: DAR