Tras el grave accidente donde se derramaron más de 10 000 barriles de petróleo en las costas peruanas, diferentes sectores del estado han iniciado procesos administrativos e impuesto multas contra la compañia por infracciones a la normativa ambiental y del sector hidrocarburos. En paralelo, el fiscal abmiental de Lima Noreste, Ariel Tapia Gómez, continúa la investigación preliminar calificada como «compleja» para determinar las responsabilidades penales en el desatre ecológico.
A tres meses del desastre, el portal Ojo Público ha realizado un recuento de las sanciones impuestas a Repsol y los procesos que han iniciado las autoridades reguladoras y fiscalizadoras del sector ambiente e hidrocarburos. El Organismo de Evaluación y Fiscalicalización Ambiental (OEFA) ha sumado una lista de 14 medidas administrativas. Cinco de ellas no se han cumplido hasta el momento, por lo que se ha asignado un número igual de multas coercitivas, por un valor de 2,3 millones de soles, cancelados por la empresa entre marzo y mediados de abril. Entre los motivos de las sanciones estuvo el no identificar las zonas afectadas por el derrame, por no limpiarlas, por no contener y recuperar hidrocarburos en zonas regulares ni en áreas naturales protegidas, y también por no contener los hidrocarburos del segundo derrame registrado el 25 de enero del presente año. Por estos mismos incumplimientos se ha iniciado un proceso administrativo sancionar, que podrían acarrear una multa total de 96 600 000 soles (21 000 UIT).
Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) también impuso a la empresa una multa por el valor de 9 millones de soles por no contar con medidas complementarias para que la refinería alerte de forma temprana una emergencia. Sin embargo, frente a esto la empresa ha optado por judicializar el caso y evitar el pago de esta sanción.
Según Henry Carhuatocto Sandoval, abogado y presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (Idlads), el modelo sancionador de OSINERGMIN permite a las empresas judicializar sus multas hasta por un total de ocho años, mientras sus casos se terminan de resolver. Según el especialista, en el caso del OEFA y otras instituciones, esto no sucede ya que estas exigen el pago de una carta fianza con un valor igual a la multa en los casos que las empresas pretendan judicializar los casos.