Para nadie es una sorpresa el incremento de la conflictividad social en el Perú. Muchos analistas y científicos sociales han dado diversas explicaciones: desde el descontento con el accionar del gobierno y la corrupción, el incremento del costo de vida, el deseo de cambios constitucionales de fondo, el rechazo a la clase política actual en general, así como las demandas insatisfechas tras las pasadas elecciones. Cada una de esas razones puede tener algo de verdad, y también que cada conflicto puede tener un motivo principal particular.
Hasta el momento el gobierno del presidente Castillo viene mostrando una clara Incapacidad para manejar estos conflictos. En el caso de Cuajone, la comunidad campesina Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala exigen a la mina Southern Perú el pago pendiente de 5 mil millones por el uso de terrenos de la comunidad. Una situación similar se vive en la minera Las Bambas, donde la comunidad de Fuerabamba exige el pago de un compromiso incumplido. En respuesta a estos conflictos y ante la falta de acuerdos, el gobierno ha decido declarar Estado de Emergencia en ambas localidades: el pasado 20 de abril en Moquegua, y el día de hoy, 27 de abril, en la región Apurimac. Asi mismo, la minera Las Bambas anunció que están considerando la ejecución de un plan de desalojo contra las comunidades que ocupan sus terrenos.
La situación es bastante preocupante. Se esperaba que este gobierno proponga un nuevo enfoque para la solución de la conflictividad social, en especial la ocasionada por los proyectos extractivos. Pero lo que vemos ahora es la repetición del abuso de la suspensión de los derechos de quienes protestan, y de todos quienes vivan en esos territorios, para privilegiar los intereses empresariales que desconocen sus pasivos y responsabilidades frente a la sociedad.
¿Hasta cuando vamos a continuar con el perverso patrón de usar la fuerza para imponer los intereses de un sector de la sociedad? Es hora de poner fin al uso y abuso de los Estados de Emergencia para acallar los reclamos de quienes no reciben los beneficios de las actvidades extractivas. El gobierno que prometió no someterse a estos intereses económicos pretende repetir los errores del pasado.