San Martín: defensores ambientales piden a Castillo que actúe contra las mafias de la tala ilegal

El Fondo Socioambiental del Perú recordó el caso de Edwin Chota, quien denunció durante más de 12 años y murió asesinado por madereros ilegales, frente a la apatía e indiferencia de las autoridades

Recrudecen atentados contra defensores ambientales en San Martín. A través de un pronunciamiento, el Fondo Socioambiental del Perú informó que los Apus de Santa Rosillo de Yanayacu, Quinto Inuma y Manuel Inuma, solicitan al presidente Pedro Castillo que actúe ante las denuncias de presunta complicidad entre los destructores de sus bosques y autoridades del gobierno local. Por ello, pidieron que los responsables sean castigados, "ya que la devastación de la naturaleza se ha intensificado en su territorio".

Los Apus de Santa Rosillo de Yanayacu tuvieron que huir de su territorio junto a sus familias como consecuencia de atentados, secuestros y agresiones físicas contínuas, cometidas por mafias vinculadas a la tala illegal y al narcotráfico. Quinto Inuma y Manuel Inuma, y sus familias, estuvieron refugiados en Tarapoto, donde recibieron protección policial desde el 24 de julio del 2021. Ahora, tras retornar a su territorio ancestral, piden garantías.

Anteriormente, el Apu Quinto Inuma denunció a Jorge Segundo Ramirez Mandruma y Julio Barbaran Ojanama, quienes tienen un registro delictivo ante la Policia Nacional del Perú (PNP) por agresiones a los líderes indígenas y a la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu. Los denunciados estarían coludidos con autoridades del gobierno local y ahora estarían insertando rondas campesinas externas, traídas de otras regiones para quitarle autoridad territorial a los líderes indígenas locales, según el Fondo Socioambiental del Perú, que mencionó que los sospechosos serían Dedicación Vera Pardo y Manuela Saboya, quien estaría implicada en el secuestro del Apu Manuel Inuma, según testimonio de su hermano Quinto Inuma.

La organización condena estas agresiones reiteradas contra los defensores ambientales y exige las operaciones para la detención y captura de los presuntos delincuentes ambientales.

Por último, el Fondo Socioambiental del Perú recordó el caso de Edwin Chota, quien denunció durante más de 12 años y murió asesinado por madereros ilegales, frente a la apatía e indiferencia de las autoridades.

Fuente: La Mula