Tras unos meses de espera regresamos con el reporte semanal Derechos en Emergencia, desde donde continuaremos recogiendo y dando seguimiento de los abusos empresariales en el contexto de la pandemia del COVID-19. Durante el segundo semestre del año pasado llegamos a producir 23 reportes con un total de 196 noticias. Fue el sector minería donde encontramos el mayor número de afectaciones, contabilizando un total de 61 noticias. Le sigue el sector manufactura, comercio o servicios, donde recogimos un total de 32 noticias. Las afectaciones al derecho a la salud, así como a los pueblos indígenas y los defensores ambientales ocuparon el tercer lugar, con 18 noticias cada uno. En 17 oportunidades destacamos noticias referidas a la normativa laboral, y en 11 sobre acciones internacionales que consideramos relevantes.
En estos primeros meses del año, el hecho de mayor importancia ha sido el derrame de miles de litros de petróleo frente a las costas de la ciudad de Lima. La empresa responsable, Repsol, intentó desde un principio negar y minimizar los hechos, aunque las evidencias rápidamente demostraron la gravedad del derrame. Cientos de ciudadanos que dependían en su día a día del mar están afectados y no se tiene certeza si es que será posible recuperar las aguas a su estado anterior. Lamemtablemente, las permanentes crísis gubernamentales y un estado históricamente débil frente a los intereses empresariales podría llevar a que este caso quede impune. La empresa ahora alega que ha completado la limpieza de las playas, aunque en dicho proceso se han reportado "técnicas de limpieza" que consistían apenas en la mezcla del petróleo con arena limpia de las playas afectadas. Mientras, los afectados sobreviven con un "bono" de 3000 soles mensuales, que se desconoce si continuará en los proximos meses. Por otra parte, las multas que podría recibir la empresa parecen ser montos irrisorios frente al daño ocasionado. Lametablemente, para muchos de los grandes medios de comunicación este hecho parece ser una noticia del ayer.
En hechos más recientes, tenemos la presentación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del nuevo código laboral. El mismo parece ofrecer una mayor protección a los y las trabajadoras, simplifica los régimenes laborales temporales, regula el teletrabajo y la tercerización, entre otros puntos. La respuesta de los empresarios ha sido la misma de siempre: aumentar la protección de los derechos laborales promueve la informalidad laboral. En los últimos 30 años el discurso pro la flexibilización laboral no ha cambiado. Por el contrario, el resultado de estas políticas no ha sido otro que la desprotección de la gran mayoría de trabajadores, quienes continúan en la informalidad y sin la protección de sus derechos más básicos y sin un acceso a un salario digno.