Tan solo un día después de que Petroperú diera arranque a las pruebas de su nueva refinería en Talara –que compra el petróleo de los lotes cercanos pagando precio internacional–, el Congreso de la República le asestó un golpe bajo a la estatal. La Comisión de Energía y Minas aprobó el pasado 13 de abril un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos (ley 26221) para extender de 30 a 40 años la duración de los contratos de petróleo.
Así, de acuerdo al predictamen del proyecto de ley 804, las modificaciones regirán para los nuevos contratos; esto no tendría nada de malo desde punto de vista técnico, sino fuera porque el documento posee una disposición única que permite acogerse a los actuales operadores de los lotes, una ley exprés.
El congresista por Acción Popular Carlos Alva, e impulsor de la iniciativa que busca romper el concepto constitucional que las leyes no son retroactivas en el Perú, sustentó que su proyecto modifica el artículo 22 de la LOH para igualar la fase de explotación de gas y petróleo a 40 años, alegando que al terminar en plazos diferentes se crea una superposición de operadores para una misma área de contrato y que en un plazo finito “los operadores dejan de invertir cuando se acerca la terminación de dicho plazo y contribuyen a la declinación de la producción por falta de inversión”.
Son seis las operaciones –todas en Piura– que expiran desde octubre de 2023 hasta mayo de 2028: Lote V (Unna), VII/VI (Sapet), Z-2B (Savia), X (CNPC), II (Petromont) y XV (Petromont), las cuales una vez llegada ese plazo, revierten al Estado.
En ese sentido, llama la atención el cambio en los criterios del predictamen aprobado, dado que el primero que se presentó en noviembre del 2021, establecía que los contratistas tendrían que ofrecer a Petroperú una participación del 25% en el contrato si es que querían prorrogar sus operaciones.