Esta semana inició con un trágico hecho que nos recordó que en nuestro país el sistema de salud privado ha colocado la generación de ganancias para sus accionistas muy por encima del respeto por la vida humana. En la madrugada del lunes, un paramédico que trabaja para la unidad de emergencia de la municipalidad de San Isidro, denunció a los medios de comunicación que la conocida Clínica Javier Prado, se negó a facilitar la atención de un paciente en emergencia. La empresa se habría negado a admitir al paciente, que se encontraba inconsciente, al no poder "activar" el SOAT. En otras palabras, al no poder determinar a quien debían de cobrarle la atención, no estaban dispuestos a ingresarlo y darle la atención médica de urgencia que requería.
Por supuesto que la empresa ha negado las acusaciones e insisten en que atendieron al paciente. Sin embargo, se ha revelado que el accidentado, menor de edad, tuvo que esperar hasta 40 minutos para ser ingresado. Y solo se cumplió con admitirlo tras la presencia de autoridades policiales, que se acercaron para hacer cumplir la ley.
Las empresas que lucran con nuestra salud parecen olvidar que La Ley 29414, La Ley General de Salud, en su artículo 39 obliga a todo establecimiento de salud, público o privado, a atender a toda persona que se encuentre en situación de emergencia, tenga algún seguro de salud o no, o documento que lo identifique. Esta ley tiene por objetivo garantizar la atención más inmediata posible, en situaciones en las que muchos casos los minutos son determinantes para salvar o no la vida de una persona. Es por eso que la atención debe ser siempre en el centro de salud más cercano.
Las empresas de la salud quieren evitarse todo tipo de "gasto" y se sabe que desde hace años maximizan sus ingresos, a costa del bolsillo de sus pacientes. Lo han demostrado infinidad de veces: elevando sus costos de atención y sobrevalorando las medicinas en sus propios locales. Lo demostraron nuevamente en la pandemia del COVID-19, donde no se inmutaron para cobrar sumas de hasta medio millón de soles a familiares desesperados por la vida de sus seres queridos. Y lo vuelven a demostrar esta semana, negándose a atender por emergencia a un menor de edad que estaba entre la vida y la muerte. No podemos permitir que la vida de las personas valga menos que los ingresos de un puñado de empresarios. Esperamos que las autoridades hagan cumplir la ley y sancionen a esta empresa que lucra a costa de nuestra vida.