Como sociedad, uno de los grandes problemas que enfrentamos es la influencia de las empresas privadas en el sector público, casi siempre en perjuicio del bien común y del ejercicio de los derechos de ciudadanos y trabajadores. Según el Índice de percepción de corrupción 2020 que publica la organización Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el puesto 94 a nivel mundial. Aunque se trata de una mejora con respecto a años anteriores, aún estamos lejos de que la corrupción sea un problema de nuestro pasado.
Uno de los casos más recordados en los que se evidenció la influencia del sector privado sobre el aparato estatal es el del Club de la Construcción. Este "club" estuvo integrado por las principales empresas en materia de infraestructura del país, como Graña y Montero, Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSAS entre otras. El Club operó entre los años 2011 y 2014 intercediendo ante el estado para obtener la buena pro de megaproyectos, mediante la simulación de los procesos de licitación. En el esquema de estas empresas, el ganador se definía por un arreglo previo entre ellas. Los funcionarios cómplices actuaban a cambio de una coima, que oscilaba entre el 1% y 3% del valor de los contratos. Tras la revelación de este caso y las investigaciones fiscales, las empresas se vieron obligadas a pedir disculpas al país, "por los daños causados y las malas decisiones o actos ilícitos de ejecutivos que ya no están en la organización".
Sin embargo, parece que el vacío dejado por estas empresas ha sido rápidamente ocupado. En lugar de dejar atrás estos problemas y romper el ciclo de corrupción, lo repetimos una vez más, solo con nuevos actores. Esta semana está marcada por la revelación de reuniones irregulares entre el Presidente de la República, Pedro Castillo, y diversos proveedores del Estado, como Karelim López Arredondo. La contraloría se encuentra investigando la buena pro que ganó el consorcio de constructoras vinculado con la empresaria López, ante la posibilidad de que haya sido beneficiada de forma irregular. A pesar de que se trata aún de un proceso en ciernes, diversas bancadas en el Congreso de la República no han esperado para volver a impulsar un proceso de vacancia presidencial, el quinto en los últimos cinco años.
Sin embargo, la única salida real continuar en el proceso de transparentar las acciones del Estado, algo por lo que las últimas gestiones del Congreso tampoco se han caracterizado. Se trata de una manera de retomar la confianza de la ciudadanía frente al sistema democrático, muy desgastado después de tantos años donde se han privilegiado los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría.
La clase política, sea del color que sea, debe entender que la transparencia no es negociable. Hoy parece que la corrupción es problema solo cuando la realizan los otros. Sin embargo, eso solamente lleva a un mayor descontento con los políticos en general. Cada vez tienen menos tiempo para tomar acciones. Pronto será demasiado tarde.