Cientos de certificados expedidos desde alcaldías, juzgados y distintos despachos del gobierno regional de Huánuco, en la selva central del Perú, propiciaron el asentamiento masivo de personas no indígenas sobre las comunidades nativas Nueva Austria del Sira, Unipacuyacu y Nueva Alianza, que llevaban décadas en una durísima lucha por la titulación de sus tierras. Se trata de las únicas comunidades, entre las dieciocho de la provincia de Puerto Inca, que aún no obtienen seguridad jurídica. El otorgamiento de predios individuales a foráneos sobre el territorio de estos pueblos estancó las gestiones para la formalización de estas comunidades.
Ahora, los territorios ancestrales de Nueva Austria del Sira, Unipacuyacu y Nueva Alianza -definidos por la extensión de sus cultivos, bosques, y actividades de vida-, están reducidos en más del 60% para los indígenas yáneshas, shipibos y cacataibos que los habitan. En los tres pueblos hay unas 24 mil hectáreas de territorio ocupado ilegalmente por terceros. Allí las plantaciones de hoja de coca se extienden sobre amplias áreas de bosques devastados. Además, han sido instalados laboratorios para el procesamiento de droga y habilitadas pistas clandestinas por donde salen cargamentos de cocaína al extranjero.
El especialista legal del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) Álvaro Másquez remarca que la titulación de predios individuales sobre comunidades nativas en proceso de formalización es un acto abiertamente ilegal. En ese sentido, explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una extensa jurisprudencia sobre la propiedad colectiva de pueblos indígenas y ha señalado que los estados deben abstenerse de entregar cualquier clase de derechos a terceros sobre territorios que hayan reclamado comunidades nativas.
El poblamiento de personas no indígenas sobre las tres comunidades nativas fue permitido por funcionarios y autoridades que otorgaron y aprobaron constancias de posesión y títulos de propiedad. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Agricultura registran que entre los beneficiarios hay madereros a los que la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco adjudicó áreas de selva demandadas por los pueblos indígenas como parte de su territorio.
Lo que los comuneros denuncian con mayor indignación es la titulación de madereros que luego tramitaron permisos forestales para operar en los predios que obtuvieron. Al menos dos de ellos son familiares de la exalcaldesa de Puerto Inca Daysi Heidinger Zevallos (2011-2014 y 2015-2018), actual directora de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Se trata de Manfredo Randolf Heidinger y Carlos Verde Vento. En una entrevista con este medio, la exfuncionaria municipal admitió que es prima hermana de Randolf y que también tiene parentesco con Verde.