El pasado 22 de octubre, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, retiró sus propuestas legislativas en materia laboral. Según su declaración, se retiraron las propuestas para evitar que se "malinterpreten la naturaleza de las iniciativas" y para "promover un mayor consenso con trabajadores, empleadores y especialistas en la materia".
Según diversos especialistas, las normas iban en desmedro de los derechos laborales de las y los trabajadores. Las propuestas hubiesen permitido fraccionar las gratificaciones dentro de la remuneración mensual, el cese individual de los trabajadores sin derecho a indemnización, la flexibilización de los contratos a tiempo parcial, la doble deducción de impuesto a la renta de los empleadores, y la flexibilización de los contratos a plazo fijo. La CGTP se manifestó en contra de la normativa, expresando el rechazo del mayor sindicato de trabajadores del país.
Por otra parte, el pasado 19 de noviembre, el portal Wayka denunció un posible conflicto de intereses de la presidenta del Congreso. Según el reportaje, Eric Farah Bote, empresario y esposo de María del Carmen Alva, registra diversas multas por violar derechos laborales en varias de sus empresas. Entre los casos se encuentra el de la empresa "Frusan Agro", que tiene una multa por S/ 76 545,00 por el fallecimiento de José Alejandro Carrasco Chicoma el pasado 21 de mayo del 2019 al interior de las instalaciones. También se registra una multa por parte de SUNAFIL a "Agrícola Huarmey" superior a los 14 mil soles, por incumplimiento de normas laborales de seguridad en dos inspecciones laborales realizadas en el 2020 y el 2021. Adicionalmente, la empresa "Desarrollo Agrícola" tiene un expediente abierto en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) por haber impedido la realización de inspecciones laborales en el 2016.
Según la abogada laboralista Mariela Belleza, los proyectos de Ley presentados por la presidenta del Congreso hubiesen beneficiado directamente a los sectores de las empresas de su esposo. "En particular, beneficia a sectores como la agroexportación porque la mayoría de los trabajadores tienen contratos temporales". Esto hubiese complicado más el trabajo de los inspectores de la SUNAFIL, ya que hubiese impedido determinar si una empresa obligaba a sus trabajadores a ejecutar labores para las que no fue contratado.
Fuente: La República, Wayka