En los últimos 17 años, las empresas mineras y petroleras han suscrito numerosos convenios de protección y seguridad con la Policía Nacional del Perú (PNP). Una investigación de Convoca.pe y CONNECTAS, pudo acceder a 181 de estos convenios, firmados entre febrero del 2003 y mayo del 2021, gracias a pedidos de información al Estado vía la Ley de Transparencia. La suma total por los servicios de seguridad privada es de un total de 73 millones 500 mil soles o más de 18 millones de US$.
La investigación encontró que fue el sector minero el que más solicitó este tipo de convenios, llegando a 158 de los 181 convenios y adendas analizados. Las empresas del sector petrolero y gasífero firmaron un total de 23 convenios. Comparando con la base de datos de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo se encontró que 20 de los convenios, que beneficiaron a 13 empresas, se firmaron o estaban vigentes durante conflictos entre las mineras y las poblaciones de su zona de influencia.
La empresa Yanacocha, perteneciente al grupo estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, es una de las empresas que mayor número de convenio ha firmado. Se registran cuatro convenios y 12 adendas, firmadas durante los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Esta empresa fue protagonista del conflicto social de Conga, donde murieron cinco manifestantes en julio del 2012, fecha en la que estaba vigente uno de los convenios. A pesar de esto, la PNP renovó los convenios hasta octubre de este año.
Otra empresa que destaca en el número de convenios es Southern Copper, que ha firmado 11 convenios, tres de los cuales siguen vigentes en las zonas de Tía María, Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua). El proyecto Tía María, es rechazado por los agricultores del valle del Tambo por más de una década. Otras empresas que continúan en la lista son la minera Antamina, la petrolera china CNPC Perú, Cerro Verde, y la minera Las Bambas.
Según la abogada Juliana Bravo, directora de EathRights lo que está sucediendo en el Perú es la privatización de Policía "y la lógica de que, como el conflicto social es un acto de guerra, debe ser enfrentado con efectivos entrenados en zonas de guerra, como el VRAEM y el Frente Huallaga". Por otra parte, Álvaro Márquez, del Instituto de Defensa Legal, consideró que los convenios afectan la confianza de las comunidades a la PNP, porque cuando llegan los conflictos los policías los ven como enemigos.