La Defensoría del pueblo publicó el Reporte de Conflictos Sociales Nº 212 correspondiente al mes de octubre del 2021, en el cual se da cuenta de 198 conflictos sociales (148 activos y 50 latentes), ocho nuevos casos, uno resuelto, y otros siete que fueron retirados del reporte porque las partes no han mantenido la controversia en los últimos meses.
De los ocho nuevos conflictos sociales, siete son de carácter socioambiental y el restante es por cultivo ilegal de hoja de coca. Un caso es referido al conflicto en la región Áncash entre la comunidad campesina de Aquia que demanda la instalación de una mesa de diálogo que incluya la participación de representantes del Estado y la minera Antamina. Otro involucra a la comunidad campesina San Pedro de Ocobamba en Huancavelica, que demanda el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la minera Sierra Antapite, y denuncia la contaminación ambiental por las actividades de la empresa. En la región Huánuco, se registra el conflicto entre la población del distrito de Luyando demanda la adecuada operalización de las celdas transitorias para el tratamiento de residuos sólidos, la instalación de paneles solares para el funcionamiento del pozo de agua, la apertura de un camino vecinal y la construcción de un relleno sanitario.
En la provincia de Oyón de Lima, la comunidad campesina de Quichas demanda nuevos acuerdos sobre el pago por el uso en servidumbre de su territorio por parte de la minera Raura. En Loreto, las comunidades nativas de la cuenta del río Curaray, se sumaron al pliego de demandas que forman parte de la agenda del Paro Amazónico. Otro conflicto se desarrolla en el distrito de Puquina en Moquegua, donde la comunidad campesina Salinas Moche exige la paralización de las operaciones de la minera Inkabor en su propiedad hasta llegar a un nuevo acuerdo. La comunidad también exige el pago de servidumbre por el uso de tierras y la revisión de los convenios entre las partes. También se reportó un nuevo conflicto en el distrito de La Huaca, donde se demanda la intervención de las autoridades para atender la problemática ocasionada por la quema de cultivos en el Fundo La Huaca, propiedad de la empresa agroindustrial Caña Brava.
De todos los casos activos, el 60,8% son atendidos a través de mecanismos de diálogo, donde la Defensoría del Pueblo participa en 73 de ellos. El 75,6% de los conflictos corresponden a casos socioambientales. De todos los conflictos, se resolvió el que existía entre El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas con la minera Hudbay, con la suscripción de un convenio marco con la empresa y las autoridades de la zona.
Fuente: Inforegion