La semana pasada escribíamos sobre la importancia de priorizar el diálogo para resolver los conflictos sociales que se dan en torno a los proyectos mineros o de hidrocarburos; en lugar de recurrir a la imposición y la mano dura como exigieron algunos representantes de la industria. Representantes del poder ejecutivo han participado durante la semana en diversas mesas de diálogo, como en Antamina, Las Bambas, o en la Estación 5 de Petroperú; con resultados mixtos. En Antamina se ha tenido una primera reunión que ha permitido desescalar el conflicto, pero en Las Bambas y la Estación 5 los paros continúan.
El reto para el Estado es grande, ya que para lograr que estos procesos de diálogos sean exitosos se necesita reconstruir la confianza en las instituciones públicas que ha sido destruida tras décadas de un modelo neoliberal. Los representantes de las comunidades campesinas e indígenas exigen representantes al más alto nivel, ya que están cansados de tantos años y de tantas mesas de diálogo que no llegaban a ningún lado.
El gobierno actual tiene la tarea de pensar en un nuevo enfoque para resolver estos conflictos, uno que llegue a resultados reales y concretos, de forma de recuperar la confianza de la ciudadanía en estos procesos. De lo contrario, continuaremos en el círculo vicioso de "paro – mesa de diálogo – acta de compromiso – incumplimiento de compromiso – paro", en el que estamos actualmente.
Por otra parte, el gobierno tampoco puede dedicarse solo a apagar los "incendios" actuales. Es claro que el legado que ha dejado 30 años de una política extractiva sin considerar los derechos de las comunidades es un sinnúmero de conflictos en estado latente. Pero es necesario plantear un nuevo enfoque y una nueva política general, que cambie la manera en como se deciden y ejecutan los proyectos extractivos. Un enfoque que obligue a que las empresas sean parte de las mesas de diálogo, y no usen al Estado como el representante de sus intereses; y que las obligue a cumplir con sus compromisos y responsabilidades. Una política que también involucre a las comunidades y ciudadanos afectados en todo momento, desde la gestión inicial de los mismos proyectos, y no únicamente cuando estos son ya una realidad que contamina y destruye los territorios donde vive la gente.